Sumario:
— Los primeros pasos
— La Operación Cromo
— Una reforma penitenciaria para exterminar a los presos
— Comunas en el interior de la cárcel
— El aislamiento penitenciario
— Cajones de hormigón armado
— La batalla de Herrera de la Mancha
— Un pulso entre el gobierno y los GRAPO
— El gobierno comienza a negociar con los presos
— El movimiento de solidaridad con la huelga de hambre
— Reagrupamiento y nueva dispersión
— Contra la dispersión
— La huelga mas larga
— Respuesta militar de los GRAPO
— La muerte de José Manuel Sevillano
— Balance político de la huelga
La existencia en España de un volumen muy importante de presos antifascistas es una constante desde hace décadas y ha generado importantes experiencias de lucha, así como una tradicional corriente de solidaridad, apoyo y colaboración hacia ellos y sus familiares por parte del pueblo que nunca ha cesado.
Los presos políticos entraron en las cárceles en tres oleadas sucesivas. Primero fueron los republicanos derrotados en la guerra; luego los opositores al franquismo y, finalmente, los que se enfrentaron a la reforma que llevó a cabo el régimen para simular su cambio. Esta evidencia se ha venido imponiendo, por más que desde las esferas oficiales se haya negado siempre su existencia. Y naturalmente, un problema que no existe no se puede solucionar; por eso, lo mejor es liquidarlo, eliminarlo. La lucha por la amnistía en España no ha sido, pues, más que una lucha por impedir el exterminio silencioso de los presos políticos.
Durante la transición, algunos presos políticos salían por una puerta aclamados como antifascistas, mientras otros entraban por la otra, vituperados como terroristas. Sólo entre militantes del PCE(r) y de los GRAPO, la policía política detuvo a unas 3.000 personas, que en su mayor parte pasaron largos periodos de cárcel. Aunque resumida, ésta es la historia.
El gobierno no tarda en dar muestras de su debilidad. El 26 de noviembre de 1975, tras la muerte de Franco, se ve forzado a promulgar un indulto limitado; con cuentagotas, salen de prisión 235 presos, menos del 10% de los antifascistas encarcelados. Fraga, sin embargo, declaró que dentro sólo quedaban 500, que no podían ser liberados porque estaban implicados en delitos de sangre. Este principio, muy aireado durante la transición, descubría claramente la esencia del cambio político: mientras los antifascistas eran tachados de criminales, no eran considerados como delitos de sangre, por ejemplo, los 350.000 fusilados después de la guerra, cuyos responsables se quedarían sin sancionar y, lo que es peor, sin depurar. El mismo Presidente del gobierno que Franco dejó a su muerte no era otro que Arias Navarro, fiscal en los consejos de guerra de los años cuarenta, apodado el carnicerito de Málaga. Todos los crímenes del fascismo no sólo quedaban impunes sino que los criminales estaban en las más elevadas instancias del nuevo Estado.
El gobierno confirmó que no habría más indultos porque los presos verdaderamente políticos ya habían salido. Tras el indulto, ABC proclama que se ha dado satisfacción a muy amplios sectores nacionales y también a reiteradas peticiones de caridad y perdón surgidas de la Iglesia Católica. Desaparece con ello, y a través de tan generosa medida, un tema enormemente conflictivo. El Ya defendía sus puntos de vista de la forma siguiente: Estamos contra los que piden una amnistía que ponga en la calle a todos [...] La naturaleza de los delitos de terrorismo exige que se los trate con tanto más rigor cuanta más benevolencia merezcan los delitos genuinamente políticos.
Con algunos de los presos que salen en libertad, los viejos dinosaurios del PCE como Marcelino Camacho, Simón Sánchez Montero, Luis Lucio Lobato o Francisco Romero Marín, el régimen organiza montajes publicitarios de altos vuelos, lo que demostraba el verdadero significado de las medidas de gracia fascistas: los reformistas eran puestos en libertad para predicar la reconciliación y silenciar a los que aún permanecían dentro de las mazmorras fascistas. El mensaje de estos conciliadores era claro: a partir de entonces en las cárceles se vivía muy bien y la policía ya no torturaba. El dirigente del PCE(r) José Balmón coincidió en el Hospital Penitenciario de Carabanchel con Carrillo en diciembre de 1976, pero mientras él se recuperaba de las graves lesiones padecidas en los interrogatorios policiales, Carrillo pasaba unas breves vacaciones a la sombra a cuerpo de rey. Al tiempo que lavaban la fachada del régimen, los viejos oportunistas denuncian las acciones resueltas de las masas y, por supuesto, las de las organizaciones armadas. Mientras ellos salían por la puerta, los revolucionarios seguían llenando las celdas de los penales. Sacaron a sus presos y se olvidaron de los demás: ese era su ejemplo de solidaridad.
Pero los planes les salieron mal, tanto a Fraga como a Camacho. Sus llamamientos a mantener la calma no tienen ningún eco, y son cada vez sectores más amplios los que se lanzan a la lucha, realizan asambleas, convocan manifestaciones y se enfrentan a la policía en la calle sin ningún complejo. El pueblo comenzó a organizarse de forma independiente para una larga batalla por la amnistía: se fundan las Gestoras Pro-Amnistía en Euskal Herria, Socorro Rojo, AFAPP, ACPG y numerosos colectivos antirrepresivos.
Así se deslinda de forma definitiva el campo entre el fascismo y su leal oposición, por un lado, y la clase obrera y el pueblo, por el otro. Las divergencias radicaban, por un lado, en la concepción general de la amnistía, porque los reformistas consideraban las medidas de gracia como parte integrante de su reconciliación nacional con el régimen fascista; como decía un editorial de Gaceta Roja (núm. 36, 1 de enero de 1977) el fascismo se mostraba clemente y a cambio el pueblo y sus hombres y mujeres de vanguardia renunciaban a la lucha, mientras los pacifistas y legalistas aparecían como los artífices de la victoria. En sus comunicados, los GRAPO exigían la liberación de los presos políticos, y no hablaban para nada de gracia ni de clemencia.
Por el otro lado, las divergencias también afectaban a los métodos de lucha, pues mientras los conciliadores preconizaban los encierros en las iglesias, los pliegos de firmas y el pacifismo, las organizaciones populares desarrollaron las asambleas, las barricadas, las manifestaciones y el enfrentamiento directo con la policía con todos los medios de defensa que podían tener a su alcance. Así lo exponía un artículo titulado El insulto real de la revista Aurora (núm. 8, agosto de 1976) órgano del Comité Local de Madrid del PCE(r):
Al igual que el fascismo, el revisionismo sabe, máxime después de haber pasado por la escuela de la Guerra Nacional Revolucionaria del 36-39, que uno de los puntos sensibles en la conciencia popular, es la salida de los mejores hijos del pueblo de las mazmorras fascistas, aquellos que lucharon por lograr la auténtica libertad y democracia para los diversos pueblos del actual Estado español, así como el reconocimiento y homenaje a aquellos que ofrendaron como héroes sus vidas a la causa sagrada del pueblo en su lucha contra el fascismo y el retorno de los exiliados políticos.El indulto no engañó a nadie. Las movilizaciones por la amnistía se recrudecieron a finales de 1975 con la campaña para Navidad todos a casa, que obligan al gobierno a reiterar su negativa a liberar a todos los presos antifascistas. El presidente del Gobierno, Arias Navarro, expuso oficialmente: Una amnistía general vendrá como culminación de nuestro proceso de normalización, cuando la democracia esté lista para funcionar. Nosotros no vamos a poner en libertad a gentes que meramente vayan a subvertir lo que nosotros estamos tratando de edificar. Quedaba claro que la libertad se limitaba a los colaboradores y aduladores del régimen fascista; los demás eran terroristas que había que mantener encerrados.Es a partir de este hecho conocido y a través de la delineación de la política de reconciliación nacional por parte del partido revisionista de Carrillo, como empieza éste a cada determinado tiempo a montar campañas de amnistía por medio de manifestaciones pacíficas, cartas a distintas autoridades eclesiásticas y políticas, manifiestos y comunicados a la prensa, con el único fin, pues lejos de ellos estaba lograr las auténticas libertades populares (entre ellas la amnistía), de aparentar el control del movimiento popular antifascista a ojos del capital monopolista y encalar así la fachada del edificio estatal bastante manchado de sangre, con los colores de las falsas libertades burguesas.
[Los reformistas] han conseguido al fin lo que estaba ya pactado de antemano: la amnistía para los revisionistas y la libertad de actuación para estos y sus socios los platajunteros, mientras los auténticos luchadores siguen siendo torturados en las comisarías y pudriéndose en las cárceles.
Pero las masas no se dejaron intimidar por las amenazas de los jerifaltes del régimen ni por las exhortaciones de los conciliadores, cuyas declaraciones son ampliamente difundidas por la prensa fascista de nuevo cuño que aparece por aquellas fechas (Diario 16, El País). En marzo de 1976, además de las luchas que culminan en Vitoria con el asesinato de cuatro obreros, se convoca una nueva semana pro-amnistía en Euskal Herria.
Esta nueva medida sirve para que la oposición domesticada intensifique sus criticas hacia la lucha resuelta contra el fascismo y, especialmente, hacia la lucha armada guerrillera, mientras encubren los crímenes y las torturas de la policía. Habían conseguido sacar a sus presos para que alabaran el maravilloso cambio que se estaba produciendo en España y ya sólo quedaban dentro los terroristas, unos 180 antifascistas a los que el gobierno se negó a liberar porque representaban a aquellas organizaciones que no se rindieron a sus pies.
Pero no consiguieron embaucar a las masas; antes de que Suárez inaugurara su nuevo gobierno, el 8 de julio de 1976 comenzó una nueva semana pro-amnistía, con manifestaciones, charlas y movilizaciones que culminaron en una impresionante concentración de 100.000 personas en Bilbao, seguidas de la explosión de más de 40 bombas por los GRAPO el 18 de julio dirigidas contra monumentos fascistas. Durante ese verano, en las fiestas populares, la reivindicación de la amnistía estuvo omnipresente en todos los actos a través de pancartas, carteles, pegatinas y concentraciones, exigiendo la liberación de los últimos 180 antifascistas que permanecían aún encarcelados.
Como siempre, el gobierno trató de confundir y lanzar mensajes equívocos a través de los medios de intoxicación. Sólo 48 horas después de comenzar el operativo, un portavoz de la presidencia del gobierno aseguraba que bajo ningún concepto liberarían a los presos incluidos en la lista, y que el gobierno no estaba dispuesto a claudicar frente a la Organización guerrillera. Entonces los GRAPO decidieron apurar al máximo, anunciando la próxima ejecución de Oriol si el día 17 de diciembre no se cumplían sus condiciones. Urgentemente el Ministro del Interior, Martín Villa, fue trasladado a Prado del Rey en un helicóptero; sudoroso, presa de un patente estado de nervios, apareció en televisión tres minutos antes de que expirase el ultimátum de los GRAPO volviendo a hablar de medidas de gracia: Ha sido y es propósito del gobierno llegar a un uso generoso de la clemencia que haga restañar viejas heridas. El gobierno no tienen ningún inconveniente en decir públicamente lo que es cierto a nivel de sus trabajos internos de que realmente estaba preparando una serie de disposiciones que procuren ampliar el campo para la aplicación de medidas en las que pueda ser incrementada la posibilidad integradora entre los españoles. Ante esta declaración, los GRAPO por su parte anunciaron: Ante la promesa, aunque vaga, hecha por el gobierno de una amnistía, creemos que la única seguridad que tenemos de que tales promesas lleguen a hacerse realidad, es retener a nuestro prisionero.
Con Oriol a buen recaudo, diversas organizaciones antifascistas, entre ellas el PCE(r) y los GRAPO, convocaron una huelga general para el 10 de enero de 1977, en el transcurso de la cual falleció el joven José Manuel Iglesias en Sestao (Vizcaya). Además de los operativos guerrilleros, en Madrid se multiplicaron las movilizaciones populares pro-amnistía a comienzos de 1977, ocasionando la policía una orgía de sangre al reprimir las manifestaciones con saña y asesinar a Mari Luz Nájera y Arturo Ruiz en plena calle.
Pero el secuestro se prolongó durante dos meses y, finalmente, la policía consiguió localizar a los comandos que mantenían retenidos a Oriol y Villaescusa, abortando el operativo guerrillero que, sin embargo, no fue un fracaso, porque no transcurrió un mes antes de que se convocara otra nueva semana pro-amnistía que forzó al gobierno a sacar más presos de las cárceles el 14 de marzo. Como escribió el periodista vasco Portell: A la vista de los hechos, es un error pensar que el proceso de la amnistía se ha alargado por culpa de la violencia. En cierto modo, la amnistía ha sido un triunfo de la violencia armada o callejera porque el gobierno no ha sabido sacar a todos los presos a la calle a tiempo.
En efecto, la lucha por la amnistía demostró que la lucha guerrillera no paralizaba (y mucho menos suplantaba) la lucha de masas; por el contrario, la combinación de ambas formas de lucha es lo que permitió obtener que más presos antifascistas salieran a la calle. Justo el día anterior al secuestro de Oriol, el Ministro de Justicia Landelino Lavilla había anunciado que ya no habría más amnistías: Hoy por hoy no hay nada. Los límites con que se dio la amnistía son amplios. Se ha discutido mucho si la aplicación se hacía bien o no. Y diría que se ha hecho, en términos generales, bien. El límite final de los delitos de sangre es un límite sustantivo. En resumen, no estoy preparando ningún otro decreto-ley sobre amnistía. Después de las movilizaciones populares y las acciones armadas de los GRAPO, tendrían que volver sobre sus pasos y promulgar otras dos leyes de amnistía.
Pero tampoco salieron todos; dentro quedaron 27, entre ellos los militantes de los GRAPO que habían caído en la Operación Cromo; el gobierno seguía queriendo mantener rehenes para amenazar y chantajear al movimiento popular. Una vez más, no consiguieron sus objetivos; las movilizaciones continuaron por los pueblos y barrios, muy especialmente en Euskal Herria, culminando en abril en una nueva semana pro-amnistía, reprimida salvajemente por la policía, que asesina a cinco manifestantes en Euskal Herria y hiere a otros 300 en una orgía de sangre sin precedentes. La durísima represión no consiguió paralizar las movilizaciones populares, por lo que continuaron las asambleas, las concentraciones, los sabotajes y las manifestaciones masivas a lo largo de todo el verano, hasta que en octubre de 1977 el gobierno se vio obligado a conceder el último indulto, saliendo todos los presos antifascistas, excepto los militantes de los GRAPO. Por tanto, en España nunca se promulgó una verdadera amnistía, no hubo un solo día sin presos políticos a lo largo de toda la transición. En este punto tampoco hubo ningún cambio respecto al régimen franquista, por lo que los GRAPO no se pueden sentir vinculados por la nueva Constitución ni por ninguna de las innovaciones introducidas y están plenamente legitimados para continuar con la lucha guerrillera.
De hecho, este último indulto de octubre de 1977 lo redactó el gobierno pensando precisamente en dejar dentro a los militantes de los GRAPO, que jamás salieron de la cárcel y cumplieron a pulso más de 20 años de condena. El Tribunal Supremo promulgó tres sentencias el 26 de junio y 8 de noviembre de 1978 y el 30 de marzo de 1979 confirmando que la amnistía no alcanzaba a los GRAPO. En la primera de ellas justificaba la negativa al indulto porque los GRAPO oponen a la política de reconciliación nacional, la violencia popular servida por comandos especiales y porque, además, no luchaban por la autonomía de las nacionalidades oprimidas sino por la autodeterminación. La última sentencia añadía que en los GRAPO no se aprecia un móvil de restablecimiento de las libertades públicas, que no pueden entenderse lícitamente realizadas por medio de la lucha armada desestabilizadora de la democracia.
Esta resolución del Tribunal Supremo era muy significativa porque se refería a un comando de los GRAPO que había sido sorprendido en el metro de Barcelona repartiendo octavillas, lo que trató de impedir un policía, que resultó acribillado por el comando. Es un ejemplo de cómo la policía defendía las libertades y cómo los GRAPO se tenían que proteger con armas para difundir sus posiciones políticas. Es importante destacar que alguno de los magistrados del Tribunal Supremo que dictaron estas resoluciones, como Hijas Palacios, eran los viejos verdugos del Tribunal de Orden Público que el nuevo régimen ascendía en pago a sus servicios. Incluso su Presidente, Adolfo de Miguel, era un fascista redomado que acabó defendiendo como abogado a los golpistas del 23-F. Entre los jueces, como entre los demás cuerpos represivos del Estado, también destacaban por encima de todos, los fascistas de la vieja escuela de la guerra civil.
Por otro lado, el mismo mes de octubre de 1977 en que se arrancó el último indulto, se encarceló a todo el Comité Central del PCE(r) mientras celebraba un Pleno en Benidorm. Es otro de los detalles que ilustran la transición y el cambio de fachada del fascismo. En una declaración inmediatamente posterior a su ingreso en prisión, los dirigentes del PCE(r) afirmaban:
Al mismo tiempo que éramos conducidos a la prisión [...] fue aprobada la ley sobre la amnistía. Esta es la tercera o la cuarta de las leyes que han cocinado en poco tiempo y, como las otras, lleva el sello inconfundible del fascismo, de los llamados 'poderes fácticos' y, además, ha sido negociada en el pacto vergonzante de la Moncloa a cambio de un nuevo proyecto de ley 'antiterrorista' que será gemelo a los anteriormente aprobados por las Cortes ¿a quién pretenden engañar?No conformes con esto, los fascistas y sus lacayos reformistas redactaron por aquellas mismas fechas una Constitución en cuyo artículo 62 se prohibió para siempre volver a promulgar amnistías o indultos generales. Por eso la lucha por la amnistía conduce hoy al enfrentamiento directo con el Estado fascista.Esta ley, que aparentemente está dirigida sólo contra el PCE(r) y otras organizaciones 'violentas', es en realidad un duro desafío que lanza el gobierno, los monopolios y todos sus criados contra el movimiento obrero y popular; una advertencia en el sentido de que en el futuro no permitirán las luchas de las masas y de sus organizaciones de vanguardia para la defensa del pan y la libertad; es además una carta blanca para la actuación de los cuerpos represivos y de la policía paralela que oculta el gobierno bajo la denominación de ‘grupos paralelos’.
Por supuesto a esos grupos la policía no los detiene ni los va a detener, no pregona sus monstruosos crímenes, como el de la calla del Correo, el de la calle de Atocha o el más recientemente cometido en la revista ‘El Papus’, no los van a desarticular, ¿cómo podrán hacerlo si son ellos mismos y cuentan con al apoyo y la complicidad del gobierno?
Al mismo tiempo que la Constitución, se aprobó también una nueva ley antiterrorista, que prorrogaba indefinidamente el estado de excepción, sancionaba la privación de los más elementales derechos, favorecía la práctica de torturas a los detenidos, y permitía luego juzgarles ante la Audiencia Nacional, un tribunal especial de tipo político que asumía las competencias de los consejos de guerra y el Tribunal de Orden Público para encarcelar a los revolucionarios con largas condenas.
