Sumario:
1. La fundación de la OMLE en el exilio
1.1 Peor que la guerra: la posguerra
1.2 La degeneración revisionista del PCE
1.3 El auge del movimiento obrero y popular
1.4 La confluencia en Bruselas de varios grupos comunistas
1.5 Las dos federaciones del interior: Cádiz y Madrid
1.6 Por un centro único para toda la Organización
2. El cambio de orientación
2.1 La V Reunión General
2.2 La lucha contra el espontaneísmo
2.3 Organizar a la clase obrera en estrecha relación con el Partido
2.4 La orientación en el trabajo de propaganda
2.5 La fusión de los comunistas gallegos con la OMLE
2.6 Los intentos de reformar el partido revisionista desde dentro
2.7 La Huelga General Revolucionaria de Vigo y la fusión de Organización Obreira con la OMLE
3. La celebración de la I Conferencia
3.1 Preparación de la Conferencia
3.2 Las resoluciones de la Conferencia
3.3 La profesionalización de los cuadros
3.4 Comienza la apertura del régimen
3.5 Estilo comunista en el trabajo de propaganda y agitación
3.6 Las primeras detenciones
3.7 Los errores del verano
3.8 Convocatoria del Congreso reconstitutivo
4. La batalla contra la reforma fascista
4.1 El Congreso reconstitutivo del Partido
4.2 El verano del terror
4.3 La IBM y el sistema offset en el aparato de propaganda
4.4 El proletariado ya tiene su vanguardia
4.5 Aprender el manejo de las armas
4.6 Del silencio a la intoxicación
4.7 ¿Tránsito pacífico a la democracia o proceso revolucionario abierto?
4.8 La creación del Comité de Enlace
4.9 Crítica de los métodos burocráticos de dirección
5. Una verdadera campaña de cerco y aniquilamiento
5.1 El II Congreso de nuestro Partido
5.2 La detención del Comité Central
5.3 Los pactos de la Moncloa
5.4 La encrucijada internacional
En contraste con otros países, en España el fascismo se había impuesto en 1939 después de tres años de dura guerra y no pacíficamente, por medio de unas elecciones. Esto otorgó a los militares españoles un protagonismo decisivo dentro del régimen: a diferencia de otros capitostes fascistas europeos, Franco era general del Ejército. Por tanto, lo que singulariza al franquismo, frente a sus homólogos italiano y alemán, es precisamente el decisivo protagonismo militar, tanto en la guerra como después de ella.
El fascismo en España tampoco duró unos pocos años sino que, con distintas vicisitudes, se mantiene hasta nuestros días, forjando a la clase obrera y dotándola de una experiencia de lucha que muy pocas han podido tener. La lucha de clases en España ha estado, y sigue estando, profudamente marcada por la guerra civil y una posterior y prolongada dominación fascista.
La oligarquía, con la ayuda del nazi-fascismo, aplastó en 1939 a sangre y fuego las conquistas populares e instauró un poder terrorista con el objetivo de eliminar para siempre el peligro de la revolución. Las conquistas políticas que durante el gobierno del Frente Popular habían conseguido las masas populares, fueron eliminadas, implantando la oligarquía su monopolio político. Los terratenientes y financieros se apropiaron de las tierras y de todo el capital industrial; la Iglesia recuperó sus privilegios económicos y políticos; comenzó la gran explotación del pueblo bajo la orgía de los fusilamientos en masa, de los encarcelamientos, de la liquidación de las libertades nacionales, del oscurantismo inquisitorial, etc. Esta situación se ha mantenido hasta nuestros días.
Tras la guerra no llegó ni un solo instante de paz. La represión de posguerra causó aún más daño a las organizaciones comunistas, obreras y campesinas, que fueron ferozmente perseguidas y sus dirigentes asesinados por miles. El volumen de represión no ha tenido parangón en la Historia: el fascismo en España pretendió arrasar materialmente con cualquier vestigio de los comunistas españoles. Las cárceles se desbordaron, dejando su papel a los campos de concentración, espacios a la intemperie vallados y fuertemente custodiados. Finalizada la guerra, la propaganda oficial cambió los nombres por otros tales como campos de trabajo, batallones disciplinarios, colonias penitenciarias militarizadas, etc. Los presos malvivían en esa situación, sometidos a las inclemencias del tiempo, al hambre, a las plagas y a las enfermedades (1). Aún hoy el Ejército no ha autorizado a los historiadores el acceso a los archivos de la represión (2), pero según datos oficiales de la época, un 8 por ciento de la población pasó por presidio en la posguerra; aproximadamente fueron un millón los sentenciados en consejos de guerra en los seis primeros años posteriores a la guerra, la mayor parte de ellos condenados a muerte, acusados de rebelión militar.
Los cálculos hablan de cantidades entre 700.000 y 800.000 fugitivos, de los cuales medio millón lo hicieron al final de la guerra, regresando casi la mitad nuevamente; hubo unos 300.000 que jamás pudieron regresar del exilio y otros 35.000 que fallecieron víctimas del hambre y las enfermedades en los campos de concentración franceses y norteafricanos, cantidad a la que hay que añadir otros 7.000 de los campos de exterminio nazis.
Los comunistas y antifascistas asesinados tras la guerra suman un total de unos 200.000 (3). El régimen de Franco no tuvo ninguna compasión con un Ejército republicano vencido y desarmado. Los máximos responsables de aquella gigantesca masacre, fiscales militares como José Solís Ruiz o Carlos Arias Navarro, ocuparían después los más altos cargos del régimen. Los partidos, sindicatos y asociaciones republicanos de toda clase, a los que de alguna forma próxima o remota se vinculaba al Frente Popular, fueron disueltos y sus bienes incautados, ofreciendo cobertura al pillaje organizado, sobre el que numerosos oligarcas actuales fundaron sus inmensas fortunas.
Pero las cifras de presos, muertos y exiliados no agotan el capítulo represivo de la primera época franquista. Hubo también un sector muy importante de la población que perdió su trabajo para siempre; otros no pudieron volver a ejercer su profesión, y muchos tuvieron que padecer humillantes expedientes de idoneidad. Los republicanos debían portar consigo salvoconductos y certificados de buena conducta, que les convertían en verdaderos parias. Encarcelados, asesinados, exiliados: el fascismo no tuvo bastante y desató una vasta depuración a fin de que la más mínima sospecha de oposición ocasionara su correspondiente represalia. Familiares de los comunistas y republicanos fueron también perseguidos y tuvieron que abandonar sus puestos, profesiones y trabajos, al tiempo que sus propiedades eran confiscadas. Unos 300.000 funcionarios de la República perdieron su puesto de trabajo, cifra que es aún más significativa si tenemos en cuenta que, por ejemplo, fueron depurados el 80 por ciento de los maestros. Las cifras serían bastante más elevadas si tuviéramos en cuenta los expulsados por los tribunales de honor en los cuerpos funcionariales y profesionales, de muy difícil cuantificación por el momento, si bien en 1969 todavía había expedientes abiertos contra maestros nacionales. Una censura implacable y absoluta sobre prensa, libros, radio o teatro, se implantó en todo el país. El día de la sublevación en una alocución en Pamplona, el general Mola había advertido con claridad: Hay que sembrar el terror, hay que dejar sensación de dominio eliminando sin escrúpulos ni vacilación a todos los que no piensen como nosotros.
Sobre este sepulcral panorama, el fascismo pretendió reinar eternamente y amasar fabulosas ganancias. El nivel de vida de las masas descendió hasta niveles insospechados. Al finalizar la guerra una cuarta parte de la población corría el riesgo de morir literalmente de hambre (4) y no por falta de alimentos sino por la gigantesca especulación desatada, especialmente por los grandes terratenientes y las exportaciones de todo tipo a la Alemania hitleriana durante la II Guerra Mundial, que dejaron desabastecido el mercado interior. La oligarquía acumuló inmensas fortunas con los trabajos forzados de los cientos de miles de prisioneros de guerra que engrosaron los batallones de trabajadores. Las empresas constructoras que florecieron en los años sesenta acumularon su capital a costa de la mano de obra gratuita aportada por los antifascistas en régimen de semiesclavitud (5), pero también las mineras de Almadén, MSP de Ponferrada, Duro Felguera y las del metal como Babcock & Wilcox, La Maquinista y otras. La desnutrición y la avitaminosis desataron una oleada de epidemias y enfermedades, que afectaron a toda la población. Las crónicas de la España de posguerra están llenas de estraperlo, por un lado, y de cartillas de racionamiemto y hambre, por el otro. A la desmoralización por la derrota se añadía la búsqueda cotidiana del pan.
La represión dio lugar a una acelerada acumulación de capital: bastantes fortunas y ascensos en la escala de poder económico se gestaron aquí y beneficiándose también del mercado negro, el estraperlo, el hambre y la especulación de posguerra. Además del estado de guerra permanente, España padeció durante los años de la autarquía, una verdadera economía de guerra: militares estuvieron hasta 1962 al frente de ministerios como el de Industria y Comercio, o el de Obras Públicas, o la dirección del Instituto Nacional de Industria y de grandes monopolios del Estado. La oligarquía amasó fabulosas riquezas en un marco pavoroso de paro, hambre y enfermedades (6).
El Estado franquista, por tanto, no fue óbice para que se abriera un intenso proceso de acumulación capitalista, sino todo lo contrario: fue uno de sus grandes motores, gracias a la coerción persistente sobre el proletariado. El régimen cambió todo aquello que se vio obligado a cambiar en beneficio de la oligarquía financiera y los grandes monopolistas, y lo hizo sólo en el momento en que fue necesario y pese a quien resultara perjudicado. Bajo una triunfalista propaganda oficial que aparentaba una dominación monocorde de los grandes jerarcas del régimen, subyacía una guerra sorda de camarillas en pugna permanente por el control del aparato del Estado; falangistas, carlistas, católicos, monárquicos, tecnócratas, militares, etc. se relevaban o coincidían en los altos cargos en un difícil equilibrio, que sólo se mantenía por la necesidad de explotar a las masas populares y sofocar cualquier oposición a sus proyectos.
El capital monopolista había optado decididamente por la vía de la modernización desde los primeros años cincuenta, porque la vía autárquica y corporativista se agotó rápidamente. A mediados de los años cincuenta se inició la reforma administrativa del Estado, que respondía a unos criterios tecnocráticos de ineludible aprobación para permitir la acumulación y concentración de capital de los años sesenta y la reforma política de finales de los setenta. El punto de arranque de todo el proceso es la creación, en diciembre de 1956, de la Oficina de Coordinación y Programación Económica, dirigida por López Rodó bajo la tutela directa del almirante Carrero Blanco. Su primer fruto fue la aprobación al año siguiente de la Ley de Régimen Jurídico de la Administración del Estado, cuyo artículo 13.6 establecía entre las competencias de la Presidencia del Gobierno, esto es, del almirante Carrero, la elaboración de los planes de desarrollo económico. Aquella reforma administrativa precedió a los planes de desarrollo que, a su vez, contenían importantes medidas administrativas.
Bajo el gobierno de los católicos del Opus Dei, la oligarquía acomete en 1959 un ambicioso programa de expansión económica, con la colaboración activa del imperialismo norteamericano, de las demás potencias occidentales y del Vaticano. Se trataba de acabar con la autarquía e introducir a España en el circuito económico imperialista, que en aquellos años comenzaba a resurgir del marasmo de la posguerra mundial. Pero España se encontraba entonces al borde de la suspensión de pagos, con números rojos en la balanza de pagos; era imposible renovar la maquinaria productiva sin hacer importaciones; los alimentos estaban racionados y el aparato productivo estaba a punto de colapsarse. Uno de los objetivos fundamentales del Plan de Esbilización de 1959 fue, pues, la convertibilidad de la peseta para aprovechar la coyuntura mundial y facilitar la integración de la economía española en la internacional. La recuperación económica estuvo directamente ligada a la integración española en el mercado internacional por tres vías conexas: inversiones extranjeras, emigración y turismo. De ahí se obtuvieron las divisas imprescindibles para la expansión económica de los sesenta.
Con el aval del embajador de Estados Unidos en Madrid, John David Lodge, España ingresa en 1959 en el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial y la Organizacidn Europea de Cooperación Económica, antecedente de la OCDE que aquel mismo año publicó su primer informe sobre la economía española, en el que se exigía ya la estabilización. Según cuenta el historiador Ángel Viñas, encerrado en una habitación del hotel Palace madrileño, el director del Departamento Europeo del FMI, Gabriel Ferré, había perfilado la filosofia económica del cambio de rumbo; esta parte de su borrador, con pequeñas variantes de estilo y complementos indispensables, fue asumida enteramente por el Gobierno español en el memorándum que, con fecha 30 de junio, dirigió oficialmente a los organismos económicos internacionales y, previamente, a las autoridades norteamericanas.
A partir de 1959 el escenario económico español cambiará radicalmente: de constituir un país atrasado, dependiente y semifeudal, España pasará a integrarse en el elenco de países de capitalismo monopolista de Estado. En la década de los sesenta se lograron tasas de crecimiento anuales de alrededor del 7 por ciento. Cambiaron muchas cosas y muy rápidamente, no solamente en el plano político, sino también sociológicamente. El campo se despuebla, tanto por efecto de la emigración al exterior de dos millones de jornaleros del campo, como interior, a los nuevos núcleos industriales que se fueron creando. La emigración interior del campo a la ciudad se puede calcular en más de tres millones y medio de trabajadores sólo entre los años 1962 y 1970. La mano de obra agrícola, que suponía la mitad de la fuerza de trabajo en 1959, se reduce drásticamente, hasta reducirse a un 12'5 por ciento en 1977. España dejaba de ser un país agrícola y las viejas lacras del feudalismo desaparecían. Naturalmente el desempleo, una de las lacras del periodo autárquico, desapareció fulminantemente y se produjo un rápido crecimiento de las ciudades, que cambian aceleradamente su fisonomía, casi de la noche a la mañana, con la aparición de nuevos barrios y suburbios donde los obreros se hacinan en condiciones lamentables de falta de vivienda, sanidad, higiene, transportes, etc. La población del campo envejece y en las fábricas, por contra, el proletariado es muy joven. Son los jóvenes los que emigran: una nueva generación absorbe rápidamente las nuevas costumbres urbanas y adopta nuevos hábitos. En 1970, para una población activa inferior a los 13 millones, había más de tres millones de trabajadores en el extranjero.
En ese proceso fueron una vez más los obreros y campesinos quienes soportaron sobre sus espaldas los planes de ajuste y sobrexplotación. Las huelgas eran penalizadas como delito de sedición militar y las más elementales libertades estaban ausentes. El desarrollo económico de los sesenta estuvo directa y estrechamente ligado a la miseria de las amplias masas trabajadoras; pero no sólo a esto: además ese desarrollo estuvo también ligado al terrorismo impuesto desde el régimen fascista: El Estado fue utilizado por la oligarquía financiera como medio esencial de su política económica, para multiplicar sus ganancias y reforzar su dominio sobre todos los sectores de la economía (7).
La acumulación acelerada de capital de los años sesenta estuvo muy vinculada al exterior por tres vías fundamentales: las importaciones de capital, la emigración y el turismo. Se desencadenó entonces un fenómeno justamente opuesto al anterior, fundamentado en la autarquía, el intervencionismo y la vía prusiana. La apertura al exterior era una exigencia fundamental porque las reservas de divisas estaban prácticamente agotadas, España carecía de la más mínima capacidad de endeudamiento y la inflación se disparaba. Este crecimiento, en consecuencia, hubiera resultado imposible sin contar con el respaldo del imperialismo a los planes del régimen franquista. En gran medida, los planes económicos se diseñaron en Estados Unidos, directamente, o a través de instituciones financieras internacionales como el Banco Mundial o el Fondo Monetario Internacional.
El régimen siempre contó con apoyos internacionales. Los de las potencias del Eje fue un apoyo franco y abierto, tanto durante la guerra civil como después de ella. El de las potencias occidentales fue un reconocimiento más taimado, pero no por ello menos efectivo. La postura de no intervención de Estados Unidos, Gran Bretaña y Francia, fue enormemente importante para que el fascismo aplastara a los republicanos españoles en la guerra y decisiva para que consolidara su dominio una vez derrotadas las potencias del Eje en la II Guerra Mundial. La ;no intervención favoreció ciertos negocios que no tenían sólo móviles económicos: Texaco enviaba dos mil millones de toneladas de petróleo y Ford miles de vehículos al ejército franquista ya durante la misma guerra. Los aliados negociaron con Franco la inmovilización del ejército franquista en Marruecos durante la ofensiva en el norte de Africa en 1942, a cambio del suministro de petróleo y Roosvelt dio garantías de que la ofensiva aliada no iba dirigida ni contra España ni contra sus posesiones coloniales en el Magreb.
La victoria de estos últimos en la II Guerra Mundial significó que se vieron obligados a poner de manifiesto su apoyo al fascismo en España de una forma cada vez más abierta. El apoyo imperialista, especialmente norteamericano, tuvo una doble dirección: económica y militar. En febrero de 1949 el Chase National Bank ya concede un primer préstamo de 25 millones de dólares al gobierno de Madrid para la compra de alimentos; en mayo de ese mismo año los imperialistas autorizan al Export Import Bank a abrir líneas de crédito de hasta 62'5 millones de dólares para favorecer el comercio exterior de los oligarcas españoles y en 1950 el Senado aprueba un préstamo oficial para España (8). Los imperialistas arman al Ejército y a la policía fascista y, a cambio el régimen facilita el uso de los puertos españoles para la Marina y la Aviación estadounidense. La presencia norteamericana en suelo español asegura en el exterior al régimen que, de esa forma, puede concentrar sus fuerzas en aplastar la resistencia interior. El ejército norteamericano realizaba maniobras conjuntas con el fascista sobre supuestos tácticos basados en el aplastamientos de insurrecciones internas de la población (9). No menos trascendental es el progresivo respaaldo diplomático: la ONU autoriza el ingreso de España que, poco después, consigue su entrada en la FAO (Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación) y firma el concordato con el Vaticano. Este proceso culmina en 1953 con los acuerdos militares y económicos por los que se construyen las bases militares de Rota (Cádiz), Morón (Sevilla), Torrejón (Madrid) y Sanjurjo (Zaragoza). De este modo, en plena guerra fría, España se convirtió en una plataforma de agresión, tanto contra los países socialistas, como contra los emergentes Estados del Tercer Mundo y, muy particularmente, de Oriente Medio. La colaboración era mutua, y afectaba tanto a lo económico como a lo militar. A cambio de las bases, el régimen recibió un balón de oxígeno vital para asegurar la continuidad de su dominio a largo plazo. Las potencias imperialistas respaldaban la continuidad del fascismo en España y se embarcaban en su proyecto de apertura económica.
Los acuerdos con los Estados Unidos facilitaron la entrada de 500 millones de dólares en créditos para importaciones de capital fijo, materias primas y productos agrícolas y otro tanto en material militar. La importación de productos agrícolas contribuyó a frenar la inflación, pero la ayuda no era suficiente porque España era incapaz de exportar nada, las reservas de divisas se agotaban inmediatamente y la peseta se depreciaba continuamente. De ahí la importancia de las entradas de capital extrajero, las remesas de los emigrantes y los ingresos derivados del turismo para equilibrar la balanza de pagos y reducir el desempleo. El sector exterior se desarrolló rápidamente; las exportaciones crecieron a un promedio superior a los demás países capitalistas en los años sesenta y todo el comercio exterior triplicó su participación porcentual en el Producto Interior Bruto:
| 1955 | 1980 | |
| importaciones | 6 | 18 |
| exportaciones | 4'6 | 15'5 |
La entrada de capital extranjero, especialmente norteamericano, en las empresas españolas, no fue cuantitativamente masiva, en torno a un cinco por ciento de la inversión total, pero resultó estratégicamente decisiva. Desde luego no justificaba las tesis de algunos oportunistas de izquierda que lamentaban la colonización extranjera y reivindicaban la independencia nacional con un inconfundible tufo reaccionario.
Entre 1961 y 1974 el Producto Interior Bruto como media creció al ritmo del 7 por ciento acumulativo anual. Las remesas de divisas proporcionadas por la emigración pasaron de 55 millones de dólares en 1960 a 469 millones en 1970: Las divisas enviadas por nuestros trabajadores por giro postal entre 1960 y 1966 supera a la suma del capital social de toda la Banca privada española en 1965 (10). La emigración elevó los salarios de los jornaleros y forzó la mecanización de las labores del campo, provocando la ruina de la pequeña explotación agraria tradicional. Inmediatamente detrás de los jornaleros emigraron los pequeños propietarios rurales, a partir de 1968. También la vieja aristocracia terrateniente, uno de los pilares del fascismo, fue perdiendo terreno aceleradamente, y acabó fusionándose con el capital financiero. El Estado compensó a los latifundistas por la disminución de la renta de la tierra con préstamos a bajo interés, sosteniendo los precios agrarios artificialmente, con indemnizaciones para la mejora y modernización de las fincas a través del Instituto Nacional de Colonización. La aristocracia fue desplazando sus capitales hacia las finanzas, lo que redujo las tensiones entre ambos sectores de la oligarquía y contribuyó a la acumulación acelerada de capital. El poder de la aristocracia latifundista sólo podía garantizarse en un marco sociológico predominantemente agrarista y a costa de una política económica y agraria fuertemente proteccionista e intervencionista (11). Esto es justamente lo que cambió en 1959. España era ya un país de capitalismo monopolista de Estado.
El estado terrorista implantado en 1939 sobre más de un millón de muertos, fue el instrumento que hizo posible la gigantesca acumulación de capital que la propaganda fascista aireó, hablando de paz y de bienestar. Fue un desarrollo capitalista ligado al terrorismo de Estado. Pero el desarrollo capitalista creó al mismo tiempo las condiciones para acabar con este sistema. La transformación de España, de país semifeudal, con una economía basada en la agricultura, en un país capitalista, con una industria desarrollada, ha convertido al proletariado en la clase más numerosa de la población, que viene actuando como la vanguardia del pueblo en la lucha contra el fascismo. La forma en que se llevó a cabo este proceso bajo el régimen de terror, la gran explotación a que ha sido sometido, la falta absoluta de libertades, la expoliación del campo, la ruina de muchos pequeños industriales y comerciantes por la voracidad de los monopolistas, etc., hizo que amplios sectores del pueblo, al igual que la clase obrera, estén interesados en acabar con el fascismo y el monopolismo. Por eso, en nuestro país, el factor político juega un papel fundamental a la hora de establecer la táctica de la revolución. Por lo tanto, España no era ya en 1970 un país semifeudal ni existía una revolución democrático-burguesa por realizar. La transformación económica de España se produjo sin que hubiera una revolución en sentido estricto; pero ello no quiere decir que se efectuara de forma pacífica. La permanencia del régimen terrorista atestigua todo lo contrario: el fascismo sirvió al capital financiero para sofocar en sangre las agudas con tradicciones que llevó aparejada esa transformación. Los revisionistas hicieron mucha demagogia sobre estas cosas, hablando de "los restos del feudalismo que subsistían en la sociedad española", pretendiendo de esta manera justificar sus manejos para atar a los obreros al carro de la burguesía monopolista. Si bien en España, como hemos dicho, la revolución pendiente es socialista, la existencia del fascismo debe llevar a la clase obrera a unir en tomo a ella a las amplias masas no proletarias del pueblo interesadas en acabar con el fascismo, y dirigirlas en la lucha contra ese enemigo. De otra forma, si no tenemos en cuenta la existencia de contradicciones entre la oligarquía fascista y monopolista y estas capas populares, la clase obrera se vería aislada frente a su enemigo y éste lo aprovechará para atraer a estos sectores y aplastar a los obreros. Por último, España no era ninguna colonia del imperialismo yanqui, como sostenían algunos grupos pequeño-burgueses. Por el contrario, era ya un país capitalista con un grado relativamente avanzado de industrialización, donde el poder económico y político lo detenta directamente la oligarquía financiera y en el que la fuerza principal la constituye el proletariado. El no tener en cuenta esta realidad llevó inevitablemente a los grupos que sostenían esa absurda concepción a aventuras lamentables. La resistencia popular a la opresión y explotación fascista-monopolista no concluyó en 1939 con la momentánea derrota de las fuerzas populares, sino que se ha venido desarrollando e incrementando, hasta el punto de que la posición de las fuerzas sociales en disputa cambiaron en relación a los años cuarenta.
De todo esto se deduce que en España, por el grado de desarrollo económico alcanzado, la revolución pendiente sólo puede ser socialista. Esto es lo fundamental y lo que determina la linea estratégica de la revolución.
La existencia, además, de grandes sectores populares interesados en acabar con el fascismo, hace que la principal contradicción social de España, sea la que enfrenta al pueblo con el fascismo y el monopolismo.
Pero por su número y por su condición, la clase obrera es hoy en España la fuerza principal y dirigente de la revolución.
La nueva estrategia simbolizada en consignas tales como reconciliación nacional, pacto para la libertad o huelga nacional pacífica impulsada por el PCE (12), suponía la renuncia a los métodos violentos de lucha, pero careció de contrapartidas desde el régimen franquista, que no dudó fusilar a Grimau, así como a los anarquistas Granados y Delgado en 1963. Los revisionistas se reconciliaban con el fascismo pero el fascismo no se reconciliaba con nadie.
Puede decirse que entonces se cerró una etapa de la oposición antifranquista, caracterizada por ser una prolongación de la guerra civil, y se inicia otra nueva, incluso en el aspecto generacional. Sin que pueda decirse que las actividades armadas cesan totalmente, aparecen fenómenos más masivos, centrados en los grandes núcleos industriales, distintos de los núcleos armados que habían operado desde las montañas. También la Universidad comienza a transformarse en un foco de agitación casi permanente, indicativo de la incorporación a la lucha antifascista de sectores sociales más amplios.
El revisionismo en España, se caracteriza por una serie de rasgos singulares, que respondían a la situación concreta de nuestro país. Los carrillistas hablaban de inmovilismo dentro del régimen, al que negaban cualquier capacidad de adaptarse y evolucionar mientras no se reconvirtiese en una democracia al uso. Incluso llegaron a detectar una supuesta incapacidad congénita para evolucionar de la oligarquía española: Dentro de la burguesía española -decían- se dan una serie de factores que la incapacitan para caminar hasta sus últimas consecuencias en el aludido proceso de racionalización y dinamización del sistema. Desde la perspectiva de su triste historia, la burguesía española no cuenta con base suficiente para llevar a cabo un nuevo desarrollo al margen de los viejos criterios -para ella siempre actuales- del proteccionismo integral, de la tecnología sistemáticamente importada, de la cartelización de los mercados a un bajo nivel de productividad y, en definitiva de todos los lastres de un capitalismo mediocre que evita el riesgo a toda costa (13). Según ellos, el fascismo no interesaba a la burguesía monopolista. Aducían una supuesta fractura en el seno de la oligarquía entre unos supuestos sectores avanzados y el búnker (14) a fin de justificar sus pactos con un sector de la propia oligarquía fascista: Para un desarrollo capitalista moderno en España -decía Carrillo- las estructuras fascistas son ya un obstáculo; se necesitan libertades. Eso es lo que produce una convergencia objetiva entre las fuerzas revolucionarias y ese sector del capitalismo español (15). No menos esperpénticas eran sus consignas de confraternizar con otro supuesto sector democrático del Ejército, así como con los progresistas de la Iglesia católica.
Los revisionistas justificaban su estrategia de colaboración con los elementos dinámicos de la oligarquía aludiendo a unas supuestas fricciones o falta de correlación entre el crecimiento económico y el inmovilismo político, entra la infraestructura económica y la superestructura política (16). Carrillo y su Partido hablaban sólo de dictadura y de franquismo, considerándolas como un régimen personalista que se movía alrededor del general Franco y su familia. Eliminando del poder a este reducido círculo y a sus colaboradores llegaría la democracia. Precisamente por esa influencia del revisionismo, en España se viene hablando de franquismo, en lugar de fascismo, como si se hubiera tratado de un régimen de dictadura personal que jamás existió.
El pacto con una parte de la oligarquía fascista significó el pacto con el fascismo mismo y la entrada del PCE en el régimen como un apéndice más. Para Carrillo y sus secuaces, el fascismo no constituía la mejor palanca de la acumulación capitalista, sino muy al contrario, un estorbo para los planes de los monopolistas. Para ello hacía falta acabar con el fascismo, supeditarse a la oligarquía para construir la democracia burguesa y consolidar el capitalismo. Los obreros debían supeditarse a las necesidades de la burguesía: En nuestra concepción de la marcha hacia el socialismo necesitamos, antes de nacionalizar todo, apoderarnos de las fortalezas del gran capital, es decir, de los grandes monopolios. En el pasado, el Estado burgués era el de toda la burguesía, cuyos intereses y propiedad defendía; ahora es esencialmente el Estado de su parte monopolista, la que considera que para desarrollar el capitalismo no sólo precisa explotar a la clase obrera sino aniquilar a una fracción de la burguesía. Esto crea contradiciones en las clases dominantes. Creemos que la democracia política y social es una etapa histórica, un largo periodo (17).
El PCE consideraba al régimen como algo ajeno a la naturaleza de clase de la burguesía monopolista, como un obstáculo para sus planes. Los revisionistas ocultaban que el fascismo, en palabras de Dimitrov, no era más que la dictadura terrorista abierta de los elementos más reaccionarios, más chovinistas y más imperialistas del gran capital (18). Ocultaban la naturaleza de clase del fascismo, y además que la gran burguesía necesitaba del fascismo para proseguir e intensificar la acumulación capitalista y consolidar su dominación política. El régimen, lejos de un obstáculo, era su mejor y más eficaz arma: La oligarquía española va a servirse del Estado fascista como principal instrumento para el sometimiento y explotación de las masas obreras y populares, pero también va a emplear el Estado como como medio esencial de su política económica (19). En los años sesenta el Estado franquista financió todas las obras de infraestructura imprescindibles para que el capital pudiera crecer y expandirse: embalses, regadíos, carreteras, puentes, etc. El Instituto Nacional de Industria realizó el 90 por ciento del total de las inversiones industriales entre 1942 y 1960 y se convirtió en el principal instrumento al servicio del capital monopolista privado. Todo se financió con la emisión de deuda pública, es decir, generando inflación y con las cotizaciones a la seguridad social: fueron, pues, lo trabajadores quienes soportaron esas inversiones con la reducción de sus salarios, bien por la inflación, bien por el aumento de las cotizaciones sociales.
Desde muy pronto la OMLE prestó gran atención a la caracterización fascista del régimen y mantuvo que este factor político era determinante a la hora de elaborar una estrategia acorde con las necesidades del proletariado español. El fascismo había surgido sobre la liquidación de las libertades democrático-revolucionarias, conquistadas tras décadas de lucha y, por tanto, sólo podían recuperarse las libertades acabando con el régimen. Esto no significaba, de ninguna forma, que hubiera que desarrollar una revolución democrático-burguesa, porque el monopolismo la había superado en lo fundamental. Pero la persistencia del fascismo impedía saltar hacia la dictadura del proletariado y el socialismo sin tener en cuenta la necesidad de practicar durante un breve período la más amplia y consecuente democracia a fin de ganar a las masas para la causa del socialismo.
Este principio básico, empezaba a diferenciar a la OMLE tanto de los revisionistas como los seudoizquierdistas de la época. En efecto, no sólo los revisionistas se aliaban -como ellos mismos decían- con el diablo, sino que, en realidad, todos los grupos de izquierda sostuvieron idénticas posiciones ideológicas y políticas, caminando siempre a la sombra del PCE y, en consecuencia, a la sombra de la oligarquía misma. Por tanto, no llegó a existir en España un verdadero izquierdismo, porque la mayor parte de los grupos -y desde luego los más conocidos- que criticaban al revisionismo en realidad caminaban a su sombra y su radicalismo era puramente verbal. Lo que singularizaba a estos grupos seudoizquierdistas es que no tenían en cuenta la naturaleza fascista del régimen y apuntaban hacía una supuesta dependencia de España hacia el imperialismo norteamericano, como contradicción principal, dejando al margen a la oligarquía autóctona.
A finales de los años sesenta, un rosario de acontecimientos internacionales pone en entredicho todas las patrañas revisionistas: la Revolución Cultural en China, la guerra de Vietnam, la revolución cubana y el asesinato del Che en Bolivia y, finalmente, el mayo francés. Surge así un potente movimiento de la juventud de claro contenido antimperialista.
A finales de los años sesenta, el nuevo movimiento revolucionario tiene un fuerte componente antimperialista, no sólo por la guerra de Vietnam, sino también por la fuerza de los jóvenes Estados emergentes que en África y Asia acaban de romper con el colonialismo y obtener su independencia. Junto a una justa denuncia del revisionismo, los movimientos de izquierda arrastran toda una concepción pequeño burguesa tercermundista, de denuncia del socialimperialismo.
A la crisis del revisionismo se une la propia crisis económica de los países capitalistas, que comienza en 1968 y se agudizará en 1973. Las luchas adquieren un carácter masivo y la burguesía no puede recurrir a los revisionistas, que han perdido buen parte de su influencia entre las masas. En España, antes incluso de estallar públicamente las divergencias dentro del movimiento comunista internacional, ya habían aparecido nuevas corrientes pequeño burguesas, como el denominado Frente de Liberación Popular, y luego surgirán más, como el Movimiento Comunista, la Organización Revolucionaria de Trabajadores, etc.
El que hubieran aparecido tantos grupos de parecidas características, tampoco fue una casualidad, sino causado por la traición revisionista y, en muy menor medida, por la tendencia inherente de la pequeña burguesía a formar fracciones. Esas corrientes nunca hubieran proliferado tanto de no haber sido por la descomposición revisionista del PCE. En todo caso, el fenómeno izquierdista ponía de manifiesto las condiciones en que se encontraba un amplio sector de la pequeña burguesía en España, privado de libertades y esquilmado continuamente por los monopolios. Con el resurgir de las luchas del proletariado ese sector se animó y de sus filas salieron elementos que trataban de organizarse. Pero no podían presentarse ante los obreros con la carcomida ideología burguesa y se cubrían con una fraseología marxista.
También dentro del PCE, ya en manos de los carrillistas, se manifestó desde 1963 una fuerte oposición al revisionismo, sobre todo en las organizaciones residentes en el extranjero. Esta oposición logró agruparse y de ahí salió el PCE(m-l) con la fusión de varios grupos de lo más heterogéneos, sobre una base programática que era una mala copia, a retazos, de la línea de la Revolución Cultural, al describir un país agrario, semifeudal y colonizado por el imperialismo yanqui que nada tenía ver con la realidad.
Más tarde, la agravación de la crisis capitalista y las grandes oleadas de lucha protagonizadas por la clase obrera dieron origen a otra escisión importante en el partido revisionista en Cataluña, de la que surgió el PCE(i), que no tomó en consideración la existencia de un régimen político fascista en España, aunque planteaba correctamente la necesidad de una revolución de tipo socialista.
Originariamente los planteamientos políticos de la OMLE no eran menos confusos que la de todos esos grupos, a quienes planteamos desde un principio la unidad para reconstruir el Partido Comunista. Considerábamos entonces que, más allá de las divergencias, nos unía la lucha contra el enemigo principal dentro de las filas obreras, el revisionismo. Pero ellos no aceptaron porque consideraban que ya habían reconstruido el Partido. No sólo no era cierto sino que, como veremos, se arrastraban a la sombra de los revisionistas.
En España, con el profundo cambio económico de los años sesenta, se observa la incorporación a la lucha antifascista de amplios sectores sociales. Además se produce un relevo generacional, apreciable en las luchas estudiantiles de mediados de los años cincuenta. El conflicto universitario de febrero de 1956 inicia así la creación de la constelación izquierdista que trata de colmar -la mayor parte de las veces sólo retóricamente- el vacío que deja el Partido Comunista con su claudicación.
En un momento de auge el movimiento de resistencia padece, sin embargo, una enorme desorientación política y una fuerte debilidad ideológica, política y organizativa. El Partido Comunista se ve superado por la propia lucha de las masas y su estrategia naufraga, lo que resulta especialmente comprobable en el fracaso de la huelga general pacífica de 24 horas convocada para el 18 de junio de 1959. La ampliación cuantitativa de la oposición estuvo acompañada por una gran fragilidad cualitativa, por una alarmante falta de dirección política. Esto es lo que explica la paradoja: pese al incremento de la lucha antifranquista, la década de los sesenta sea la de máxima estabilidad de la dictadura, situación que se prolongará hasta 1969, en que comienza la crisis política del régimen, seguidamente de la económica. La Universidad sirve de detonante para que se decrete el primer estado de excepción en febrero de 1956; el crecimiento luego de las luchas obreras, fuerza la redacción del Estatuto de los Gobernadores Civiles y la creación del Juzgado Militar Especial del coronel Eymar en 1958, la redacción de una nueva Ley de Orden Público en 1959, el draconiano Decreto de bandidaje y terrorismo de 1960 y, finalmente, el Tribunal de Orden Público en 1963.
Las formas de oposición masiva al régimen que comenzaban a estallar por aquellos años son cuantificables por el crecimiento de ciertos capítulos significativos de delitos atribuídos al Tribunal de Orden Público, como manifiestaciones, propaganda o asociación ilegal que, como promedio, fueron creciendo desde 1969 a un ritmo muy cercano al 8 por ciento anual acumulativo.
La importancia de la actividad armada revolucionaria viene reflejada en el hecho de que todavía en 1974 y 1975 de los casi 3.000 procesos seguidos ante los tribunales militares, sólo 740 eran específicamente castrenses. La aparición del Tribunal de Orden Público en 1963 únicamente sirvió para aliviar el volumen de trabajo de los consejos de guerra en asuntos de menor gravedad, tales como los expuestos de asociación, propaganda y manifestaciones ilegales.
No obstante, la mejor indicación del carácter de los años sesenta lo ofrece el hecho de que en 1966 no se contabilice ni un sólo conflicto laboral por motivos políticos, sociales o de solidaridad. Fueron también los años en que el régimen se permitió el lujo de promulgar leyes como la de Asociación en 1964, la de Prensa en 1966, la de libertad religiosa en 1967, promover las elecciones sindicales, cancelar las responsabilidades políticas o convocar el referéndum de la Ley Orgánica del Estado, todo ello en 1966.
Los seudoizquierdistas sólo pretendían llevar a cabo la misma política sindical de los revisionistas pero con otro nombre. Tanto Comisiones Obreras como los oportunistas de izquierda de la época practicaron la conciliación de clases y pretendieron entregar al movimiento obrero atado de pies y manos, y esto desde sus mismos orígenes. A mediados de los años sesenta el movimiento obrero se hallaba en pleno auge de lucha; los trabajadores habían desarrollado dos métodos fundamentales de lucha: el boicot a las elecciones sindicales con el consiguiente aislamiento de la CNS (el sindicato único fascista) y la formación de comisiones de delegados elegidos en asambleas. La situación era crítica para el régimen porque la congelación mantenida desde 1957 se había roto y estaba en juego el plan de estabilización. Al año siguiente se promulga la ley de convenios colectivos, de modo que los trabajadores pueden imponer determinadas mejoras en sus condiciones de trabajo, al margen de las ordenanzas del Estado: las empresas se ven obligadas a ceder incrementos salariales muy por encima de los oficialmente fijados. Pero el régimen contaba ya para entonces con un poderoso aliado: el carrillismo, entonces pertrechado detrás de unas siglas que aún tenían el aprecio de la clase obrera.
El auge del movimiento obrero comienza a gestarse en 1962 con las movilizaciones en Euskadi y Asturias, si bien en aquel momento el revisionismo consiguió desviar las luchas durante un cierto tiempo. La ley de convenios colectivos de 1958 se había suspendido para poner en marcha el plan de estabilización y los primeros convenios se empiezan a negociar en 1961, con la consiguiente movilización proletaria, porque los salarios estaban congelados desde 1957 y la situación material de los obreros era extremadamente precaria. La lucha contra la congelación, los topes salariales y la política de apretarse el cinturón.
En febrero 1962 una serie de huelgas estallan en la siderúrgica Basconia de Bilbao, en la Bazán de Cádiz, en Materiales y Construcciones de Valencia y en Carbones de Berga en Barcelona. En abril las huelgas se extienden a la minería asturiana y se extienden hasta junio, incorporándose empresas eléctricas, metalúrgicas y químicas de Euskal Herria, León, Cataluña y Madrid, e incluso las minas de Rio Tinto en Huelva, Linares (Jaén) y Puertollano (Ciudad Real), hasta algunos jornaleros anadaluces y extremeños. Es el mayor movimiento huelguístico desde el final de la guerra, que obliga a declarar el estado de excepción en Asturias, Guipúzcoa y Vizcaya, deteniendo la policía a unos 100 antifascistas sólo en la primera semana de su vigencia. Al año siguiente las movilizaciones se reprodujeron a partir de junio y prolongándose hasta noviembre.
El movimiento obrero y popular se había repuesto totalmente de los efectos de la derrota sufrida en 1939 y de los largos años de terror fascista abierto y, toda vez que había fracasado la política de reconciliación y las consignas del revisionismo carrillista para una huelga general, las masas comenzaban a encaminar sus pasos por la vía de la lucha decidida.
Desde entonces aparecen las características que marcan la naturaleza de aquel movimiento: las huelgas económicas se convierten en verdaderas batallas políticas. Entre 1967 y 1971, un 45 por ciento de las huelgas eran por solidaridad o bien de naturaleza abiertamente política (20), las movilizaciones en la calle desembocan en duros enfrentamientos con la policía y los obreros se ganan la solidaridad de todo el pueblo, que secunda sus llamamientos, convirtiendo sus luchas en verdaderas oleadas de protestas populares que apuntan contra la misma estructura del Estado fascista.
En aquellas primeras movilizaciones de 1962 surgen las primeras Comisiones Obreras como instrumentos de lucha y organización independiente de los trabajadores. Aquellas Comisiones se elegían democráticamente en las Asambleas de fábrica y negociaban con la patronal al margen de los sindicatos verticales y de todos los cauces legales; finalizada su labor, se disolvían (21). Este método impedía el trabajo policial de control. En las huelgas de 1962 los revisionistas nada tuvieron que ver en el surgimiento de Comisiones Obreras, por cuanto todo su trabajo sindical se desarrollaba a través de un modelo organizativo bien distinto: la Oposición Sindical Obrera que, como su propio nombre indica, pretendían desenvolver su tarea de oposición dentro del sindicato fascista.
Pero tampoco cabe descuidar el carácter espontáneo de aquellas movilizaciones y la ausencia de dirección política. Que ante la ausencia de una vanguardia revolucionaria pudieran desatarse protestas de aquellas dimensiones sólo es concebible por la dura situación de explotación y carestía, la brutal represión desatada desde el régimen y, finalmente, el odio y la arraigada conciencia antifascista que preservaba el proletariado. Así luchas que se inician por elementales exigencias laborales se desbordan y se transforman en grandes batallas políticas contra el fascismo.
Un prototipo de las huelgas de aquella época es la de Laminados de Bandas de Etxebarri (Bilbao), que comenzó en diciembre de 1966 y finalizó en mayo del siguiente año. La huelga de los 800 trabajadores comenzó porque la empresa no les pagaba la prima acordada, ante lo que la dirección los despidió en bloque. Desde esa posición de fuerza, en enero la patronal aceptó la readmisión de la mayoría, pero dejando en la calle a los obreros más destacados, a lo que se negó la asamblea, bajo la consigna o todos o ninguno. Los trabajadores recurrieron a los juzgados, mientras apelaban a la solidaridad de toda la zona fabril vizcaina, así como a otras comarcas industriales de Madrid y Barcelona, donde se hicieron manifestaciones y colectas para apoyar económicamente la huelga. Como es natural los tribunales decidieron a favor de la empresa pero los obreros no cejaron en la lucha y los esquiroles que trató de contratar la compañía en Galicia y León no pueron entrar a trabajar ante la presión popular. Una manifestación en Bilbao el día 3 de abril acabó en duros enfrentamientos con las legiones de policía enviadas por el gobierno para aplastarla, siendo detenidos más 30 obreros. El día 14 de abril la huelga se extendió a Basconia, la Naval y Firestone y una semana después el gobierno impuso el estado de excepción en todo Vizcaya. A medida que la represión en la calle se acentuaba, la empresa iba readmitiendo a todos los despedidos.
En agosto de 1966 se produce un amplio movimiento huelguístico que abarca la cuenca minera del Nalón y Caudal, a Duro Felguera y Ferrocarril de Langreo, en Asturias; los obreros de la Babcock, de Firestone y de Hispano Olivetti de Barcelona también van a la huelga; en Madrid paran los obreros de Perkins, Marconi, Ibérica de Electricidad, Kelvinator, Standard, AEG, etc. El 30 de noviembre de este mismo año se inicia la huelga en Laminaciones de Bandas en Frío de Echévarri, huelga que durará varios meses. En enero de 1967 los obreros de la SEAT, de la Maquinista y Olivetti, en Barcelona, se movilizan para impedir los despidos de 3.000 huelguistas de la minería asturiana. En las calles y plazas de Madrid se producen grandes manifestaciones y enfrentamientos con la policía. También en Cataluña, más de 45 empresas textiles de Sabadell y Tarrasa, así como los obreros de Siemens, Uralita y otras empresas, se solidarizan con las huelgas de los mineros de Mieres. En abril fue decretado el estado de excepción en Vizcaya. Los estudiantes de las universidades también se movilizan. Estas luchas tendrían su culminación en las acciones de masas del 27 de octubre en el cinturón industrial de Madrid, donde más de 25.000 obreros se enfrentan abiertamente a la policía en Getafe, San Blas, Plaza de Atocha, etc.
Esta era la situación real del movimiento obrero en los años sesenta, mientras que la política revisionista se encaminaba por otros cauces bien diferentes. En los mismos comienzos de las huelgas de 1962, la policía detuvo a los dirigentes de la Oposición Sindical Obrera, por lo que los revisionistas cambiaron de planes y pusieron sus ojos en las Comisiones Obreras. Todos los planes revisionistas, apoyados por los falangistas del sindicato vertical, pasaron por institucionalizar a las comisiones de delegados obreros e integrarlas en el sindicato oficial. Para convencer a los trabajadores de ello, convocaban huelgas liquidadoras predestinadas al fracaso. Por un lado, con estas huelgas los revisionistas trataban de demostrar la inutilidad de las formas revolucionarias de lucha y la necesidad de entrar en la legalidad y en las insituticiones fascistas. Por otro lado, los revisionistas utilizaban esas demostraciones de fuerza para chantajear al régimen y llevarle a la mesa de negociaciones. Trataban de conquistar la dirección y control del movimiento obrero, desorganizado pero amenazante, para ganar respetabilidad y capacidad de negociación frente a la oligarquía fascista.
En setiembre de 1964 Camacho constituye oficialmente la Comisión del Metal de Madrid ante el sindicato vertical. La presencia de los revisionistas junto con los falangistas y los católicos es una constante a partir de entoces en las nuevas Comisiones Obreras. Durante 1966 Comisiones Obreras disfruta de una amplia tolerancia y cuenta con el apoyo de la prensa falangista. También en Barcelona los revisionistas intentaron constituir una coordinadora o comisión central de Comisiones Obreras en noviembre de 1964, que fracasó al infiltrarse la policía en ella y detener a sus integrantes en marzo de 1965 (22). Volvieron a repetir el intento en agosto de 1966 sin que esta vez interviniese la policía, ya que se preparaban unas elecciones sindicales muy especiales.
Aquel año el fascismo intentó que los sindicatos verticales obtuvieran el respaldo de la OIT a través de unas elecciones con la presencia de observadores internacionales. Los revisionistas colaboraron en este intento llamando a participar en las elecciones sindicales y presentando candidatos para tomar el sindicato desde dentro. En ese momento la luna de miel entre carrillistas y verticalistas es total y en Madrid se reparten los cargos amistosamente: resultan elegidos casi medio millón de sindicalistas de Comisiones Obreras, el 40 por ciento de los delegados.
Pero en Barcelona los trabajadores desconfiaban del sindicato vertical y los revisionistas no lograron que los obreros votaran por lo que comenzaron a padecer la represión. En Barcelona en 1967, Comisiones Obreras eran especialmente fuertes en Hispano-Olivetti, pero convocados los trabajadores a una manifestación en febrero de aquel año, fueron detenidos en bloque, lo que aprovechó la empresa para deshacerse de los luchadores más combativos y asegurarse la paz social durante muchos años. También fueron detenidos los obreros mas avanzados de La Maquinista, en aquellos momentos en plena lucha contra el expediente de crisis. En total la policía logró detener a la mitad de la Coordinadora Local de Barcelona de Comisiones Obreras.
Pero, como decimos, el fascismo no se reconcilia con nadie, ni siquiera con los revisionistas y, en marzo de 1967 el Tribunal Supremo declara fuera de la ley a Comisiones Obreras. A partir de entonces, con los obreros más combativos al descubierto, las detenciones serán masivas, porque la actuación legal y abierta había permitido a la policía controlar a los obreros más avanzados. Otros muchos fueron despedidos de sus empresas y los expedientes se multiplicaron. Cundió la desmoralización, el desconcierto y la confusión: Los revisionistas han venido montando a caballo de cada lucha con el claro propósito de desorganizar aún más y dividir a los obreros; han metido a sus mejores hombres en el sindicato o en la cárcel cuando se han resistido a seguir su juego; han desarmado a la clase obrera y al resto del pueblo frente a la represión fascista, predicando ideas pacifistas y conciliadoras, y han tratado de desmoralizar provocando constantes huelgas 'generales'. El revisionismo viene actuando así como la avanzadilla del capital financiero en las filas obreras y es por tanto el enemigo más peligroso dentro de ellas, el agente del fascismo al que debemos combatir sin tregua (23).
En los años 1967 y 1968 el movimiento obrero permaneció estancado y sólo pudo recuperarse hacia 1969, cuando los revisionistas comienzan a perder influencia, comienza la crisis económica, el gobierno ordena la congelación salarial
En abril de 1968 el gobierno decreta el estado de excepción en Guipuzkoa. En julio es asesinado Etxebarrieta por la Guardia Civil y más de 5.000 personas asisten al entierro. En agosto, la organización patriota vasca ETA ejecutó al conocido torturador Melitón Manzanas. El 25 de enero de 1969 el gobierno decreta el estado de excepción en toda España; pero con esto, el Gobierno no pudo impedir que estallasen huelgas en el metal de Bilbao, en los Altos Hornos de Sagunto y en Ferrol, donde la huelga de la Peninsular Maderera duraría 37 días.
En 1969 el número de huelgas realizadas en España, respecto al año anterior, pasa de 309 a 491, según datos oficiales. Este formidable movimiento huelguístico de carácter político revolucionario agravó la crisis interna del sistema. El escándalo Matesa sería el pretexto que llevaría a los dos sectores fundamentales dé la oligarquía a un enfrentamiento abierto.
Los trabajadores vuelven a los antiguos métodos de lucha sindical y la represión es cada vez más brutal: el 21 de julio de 1970 murieron tres trabajadores de la construcción en Granada, durante una manifestación en demanda de mejoras salariales y reducción de la jornada. La manifestación fue disuelta a tiros por la policía y los obreros de la construcción respondieron con barricadas y piedras (24). Estos asesinatos no son un hecho aislado: a partir de 1968 mueren dos obreros en Erandio, tres en Granada, uno en Madrid (25) y dos de SEAT en Barcelona (26).
En 1969 Comisiones Obreras había llamado a otra huelga general ante el empuje del movimiento de masas y el gobierno desató una feroz represión, que se materializa en miles de despidos, encarcelamientos masivos y disolución de toda clase de reuniones sindicales, incluidas las de Comisiones Obreras, que se lanzaron a partir de entonces a la desesperada a convocar huelgas generales liquidadoras: es el principio de su fin, el inicio de un rápido declinar de su influencia entre los obreros.
No por ello se paralizó el movimiento obrero, sino todo lo contrario: cada año bate registros en horas de huelga y en número trabajadores parados. Comienzan las huelgas de solidaridad y las políticas, como empieza a llamarlas el régimen, los obreros ocupan las fábricas y los enlaces jurados dimiten de sus cargos. El nuevo giro de los acontecimientos viene dado por el boicot que los trabajadores espontáneamente dan a las elecciones sindicales de 1971 así como en el vacío al Proceso 1001. Las dos líneas dentro del movimiento obrero se deslindan ya entonces: por un lado están los revisionistas y, por el otro, los trabajadores espontáneamente utilizando sus propios métodos de lucha independiente. Esas dos líneas se enfrentarán en muchas huelgas de aquella época. Los grupos oportunistas de izquierda que surgen por aquella época, siguen todos ellos al pie de la letra la primera de las líneas, colocándose a la zaga de los revisionistas y calificando a Comisiones Obreras como la forma peculiar de organización que adoptan los trabajadores en España e incluso embrión de los soviets. La OMLE, por el contrario, fue la única en optar por la línea de lucha independiente que los trabajadores ya venían poniendo en práctica desde tiempo antes. En muy poco tiempo se impondrá esta posición.
Se producen movilizaciones de carácter casi insurreccional en numerosas localidades, donde además de los obreros participan numerosos sectores sociales. Los métodos de lucha que pone en marcha la clase obrera son los mismos: las asambleas de trabajadores, que se convierten en auténticos organismos democráticos donde se forja la unidad y se adoptan acuerdos; las huelgas políticas y de solidaridad de los obreros, arrastran tras de sí a innumerables sectores sociales; se convocan manifestaciones a las que nadie asiste con las manos vacías; se construyen barricadas; se ocupan las fábricas y se secuestran a los patronos; los piquetes se convierten en destacamentos de combate guerrillero; los paros se convierten en huelgas políticas donde los trabajadores se enfrentan directamente a la policía: Aparecen las manifestaciones relámpago y los comandos que protagonizan duros enfrentamientos con las fuerzas represivas con intención ejemplar [...] Aparece por primera vez lo que poco tiempo después será una de las formas de lucha más significativas: las huelgas zonales generalizadas semi-espontáneas, con un contenido, por lo general, de solidaridad anti-represiva. Se tratará, por lo general, de acciones producidas tras una represión violenta, y a menudo sangrienta, de una huelga o manifestación obrera o popular, acción en la que participará la práctica totalidad de la población trabajadora del lugar y que frecuentemente comportará la práctica de la violencia de masas frente a la agresión de las fuerzas represivas (27). En muchas ocasiones las movilizaciones adoptan la formas de la guerrilla urbana: en lugar de los encierros en las iglesias y los pliegos de firmas que preconizaban los revisionistas, se producen saltos por pequeños grupos para distribuir octavillas, colocar pancartas, realizar pintadas, preparar sabotajes o levantar barricadas (28). La policia resultaba impotente porque cuando llegaban al lugar, los manifestantes habían desaparecido para trasladarse a otro sitio. Después de la brutal represión de posguerra, las masas perdieron el miedo al fascismo. Un importante avance en la conciencia política y en la capacidad de lucha de los obreros se estaba experimentando. No solamente los métodos de lucha se desarrollaron al margen de la legalidad, sino en contra de esa misma legalidad: había huelgas a pesar de que eran delito, se creaban piquetes a pesar de la represión, acudían a las manifestaciones a pesar de los palos y de los disparos, etc.
No obstante, el movimiento obrero dio la espalda a los carrillistas, pero siguió desorganizado y actuando instintiva y espontáneamente. La situación no ha cambiado sustancialmente desde entonces porque el movimiento espontáneo por si mismo no puede dar más de sí: es a los comunistas a quienes compete fortalecer y extender lo que el movimiento obrero ha aprendido desde hace ya años.
Notas:
(1) Libro blanco sobre las cárceles franquistas, Ruedo Ibérico París, 1976, pgs.63 y stes.
(2) A. Reig Tapia: Ideología e historia: sobre la represión franquista y la guerra civil, Akal, Madrid, 1984.
(3) Esta cifra ha sido la que más éxito ha tenido, después de que Charles Foltz se hiciera eco en 1948 de la cantidad referida por un funcionario franquista: 192.684 víctimas entre 1939 y 1944. Esta cantidad también es aceptada por Guy Hermet y otros. Elena de la Souchère dio la cifra de 220.000 para los tres primeros años de posguerra, mientras el general Cabanellas ha hablado de 300.000, y Stanley G. Payne ha subido la cantidad hasta llegar a los 370.000 fusilamientos.
(4) Harmut Heine: La oposición política al franquismo, Crítica, Barcelona, 1983, pg.49.
(5) En Cuelgamuros (Valle de los Caídos, en la sierra norte de Madrid) los presos eran alquilados a las empresas (Banús, San Román y Molás) por 10'50 pesetas diarias, de las que el Estado se quedaba con 10 pesetas para el mantenimiento del recluso y entregaba los 50 céntimos restantes al preso. Se trabajaba domingos y festivos, 9 horas en invierno y 10 en verano. Además eran muy frecuentes las horas extras, porque las empresas las pagaban directamente al trabajador-preso.
(6) La gran burguesía arriesgó la propia reproducción física de los trabajadores hasta tal punto que el Estado tuvo que imponer normas, como las pagas extras o el salario mínimo, que evitaran el desfallecimiento de la mano de obra por inanición. Por supuesto, el régimen utilizó demagógicamente estas normas para demostrar su posición social favorable a los obreros.
(7) Aproximación a la historia del PCE, Capítulo VII: La guerra no ha terminado, Suplemento de Resistencia, marzo de 1995, pg.19
(8) La ayuda americana a España fue inferior a la proporcionada a otros países dentro del Plan Marshall y se ejecutó en forma de préstamos en un 65 por ciento y de donaciones sólo en un 35 por ciento; pero fue de vital importancia económica y política.
(9) M. Vázquez Montalbán: La penetración americana en España, Cuadernos para el Diálogo, Madrid, 1974, pg.135.
(10) Salustiano del Campo: Análisis de la población española, Ariel, Barcelona, 2? Edd., 1975, pg.148.
(11) J.A.Moral Santín: «El cambio de rumbo del capitalismo español: de la autarquía a la liberalizaciòn, del agrarismo a la industrializzación», en Crecimiento ecconómico y crisis estructural en España (1959-1980), Akal, Madrid, 1981, pg.82.
(12) Así por ejemplo, Un futuro para España: la democracia económica y política, prólogo de Santiago Carrillo, París, 1968, pg.108.
(13) Los cambios habidos en las estructuras económicas capitalistas, con la ayuda del poder franquista, podían llegar a ser un obstáculo por culpa de este mismo poder (Mañana España, cit., pg.26).
(14) Mañana España, cit., pg.207.
(15) Se trataba de una tesis defendida por todos los oportunistas de derechas y de izquierdas de la época (J.P.Fusi: Franco, El País, Madrid, 4ª Ed., 1985, pg.149), pero especialmente sostenida por el PCE y sus seguidores, v.gr. R. Tamames: La República. La era de Franco, Alfaguara, Madrid, 6ª Ed., 1977, pg.613.
(16) Santiago Carrillo, Mañana España, cit., pg.226
(17) «La ofensiva del fascismo y las tareas de la Internacional en la lucha por la unidad de la clase obrera contra el fascismo. Informe ante el VII Congreso de la Internacional Comunista», en Obras Escogidas, Akal, Madrid, 1977, tomo I, pg.579.
(18) Temas de formación marxista-leninista, Contracanto, Madrid, 1989, pg.230.
(19) Aunque no era original, pues se basaba en iniciativas anteriores provenientes de personajes tan dispares como Juan de Borbón o el Cardenal Gomá.
(20) P.Preston: El triunfo de la democracia en España, Plaza y Janés, Barcelona, 1986, pg.36).
(21) L.E. de la Villa y C.Palomeque: Introducción a la Economía del Trabajo, Debate, Madrid, 1980, vol.1, pg.370.
(22) Jose Antonio Díaz: Luchas internas en Comisiones Obreras. Barcelona, 1964-1970, Bruguera, Barcelona, 1977, pg.17.
(23) «El auge del movimiento obrero revolucionario y la reconstrucción del Partido único de la clase obrera de España», en Bandera Roja, núm. 17, setiembre de 1972.
(24) La situación de los obreros de la construcción, especialmente de los peones de albañil, era deplorable: bajos salarios, precariedad y desempleo. Además, en Granada la mayor parte de las empresas eran de muy pequeñas dimensiones que subcontrataban obras a las grandes empresas, imponiendo trabajos a destajo, eliminación de los seguros sociales y del seguro de accidentes, exceso de horas extraordinarias, etc. En Granada el convenio del sector llevaba discutiéndose desde noviembre del año anterior y no avanzaba. Los obreros realizaban asambleas y ante el punto muerto al que habían llegado las negociaciones, deciden ir a la huelga. El 21 de julio se concentraron ante la sede del sindicato vertical y la policía disparó contra unos 5.000 obreros allí congregados, matando a dos (Manuel Sánchez Mesa, Antonio Cristóbal Ibáñez), hiriendo a unos 200 y deteniendo a unos 150. Los días siguientes se sucedieron las manifestaciones y la huelga se extendió a otros sectores, provocando un extenso movimiento de solidaridad en todo España. La policía ocupó los accesos a Granada para impedir que acudieran a manifestarse los obreros de los pueblos próximos a la capital. Hasta el día 30 no se normalizó la situación en Granada.
(25) El 13 de setiembre de 1971 los obreros de la construcción de Madrid estaban en plena movilización, cuando uno de ellos, Antonio Durán fue aporreado por la policía, mientras la Guardia Civil mataba a tiros a Pedro Patiño Toledo cuando repartía octavillas. Durante los 5 días siguientes 70.000 obreros pararon en señal de protesta.
(26) En junio de 1971 pararon algunos talleres de la SEAT de Barcelona por una cambio en los horarios. La empresa reaccionó despidiendo a 25 trabajadores y luego a 2.300. Entonces los 14.000 obreros de plantilla se declararon en huelga, obligando a la empresa a ceder, readmitiendo a todos los despedidos excepto a unos 20, a pesar de que la magistratura les condenó a la readmisión de todos. Ante esta situación, la mitad de la plantilla reanudó el paro y la Asamblea de los trabajadores decidió ocupar la fábrica, de donde fueron desalojados por la policía con botes de humo y disparos que hirieron a cinco trabajadores. La huelga volvió a ser total y los obreros siguieron su movilización en la calle, con el apoyo de los estudiantes y otros obreros de Pegaso, Siemens, Hispano-Olivetti y la Maquinistas Terrestre y Maritíma.
(27) Franquismo y lucha de clases. Una aproximación histórica, Barcelona, 1977, cit., pgs.83-84.
(28) El primer enfrentamiento con la policía en Barcelona se produce en la manifestación del 1 de mayo de 1967, al defenderse un grupo numeroso de manifestantes con piedras de la carga de la policía, que se vio obligada a retroceder.
