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Pronto se cumplirán 25 años de la misteriosa e irresoluta desaparición de Santiago Corella, alias El Nani, y todavía, en sombríos calabozos de comisarías y vetustos penales españoles, se sigue practicando la tortura. Eso advierte la Coordinadora para la Prevención de la Tortura (CPT) en un informe presentado en mayo pasado del que se desprende que las denuncias por maltratos policiales y abusos en prisiones se han duplicado en Alicante en cinco años, entre 2001 y 2006.
De nueve casos y catorce perjudicados se ha pasado a 17 y 32, respectivamente. De hecho, esta provincia y Barcelona, Madrid, Sevilla y Málaga acaparan más del 50 por ciento de las denuncias conocidas. Los datos de Alicante a los que ha tenido acceso este diario son ciertamente alarmantes. El pasado año fue el de mayor número de víctimas (32) de la secuencia histórica elaborada por la CPT. En el 2003 y el 2004 se dieron más denuncias, 16 y 19, pero los perjudicados fueron 18 y 21 respectivamente.
La Coordinadora, que agrupa a medio centenar de asociaciones y movimientos sociales, elabora esta estadística a partir de la información recabada por abogados y medios de comunicación, fundamentalmente.
Las denuncias son muchas más, pero sólo recogemos las que conocemos y tenemos contrastadas, aunque luego los jueces las archiven, cosa que, por desgracia, es habitual, asegura su portavoz, Jorge del Cura.
La CPT tiene documentadas 610 denuncias presentadas el pasado año en toda España por torturas y maltratos a personas privadas de libertad. En esta categoría entran los presos y los detenidos, pero también los menores o los inmigrantes recluidos en centros que se hallan bajo custodia de las autoridades.
Diversas organizaciones internacionales de derechos humanos han dado ya palos contundentes este año al Gobierno español por este motivo. Así, Amnistía Internacional ha criticado al Estado español por la pervivencia de la tortura y la falta de investigación de los casos registrados.
En junio, también el Comité Europeo para la Prevención de la Tortura, dependiente del Consejo de Europa, fue bastante crítico porque España sigue sin aplicar los mecanismos para prevenirla, señala del Cura.
Este organismo, que tiene pendiente una visita a Madrid para 2007, denuncia la existencia de la prisión incomunicada y ha detectado errores en la asistencia de letrados y médicos a los detenidos en esta situación, que están acusados de terrorismo.
Además, Human Rights World ha puesto el acento sobre los maltratos y la situación de abandono que sufren muchos niños y jóvenes en los centros de menores de Canarias.
En España existe la práctica de la tortura y no hay voluntad para erradicarla, sostiene el portavoz de la Coordinadora. Y lo justifica con hechos: pese a que el Gobierno ha ratificado el Protocolo Facultativo a la Convención contra la Tortura de Naciones Unidas y éste entró en vigor hace un año, aún no ha dado paso alguno para crear el comité nacional de personas independientes previsto para controlar su cumplimiento, girar visitas a los centros de detención y emitir informes sobre la situación.
Los gobiernos son reacios a crear un comité que no controlan. Quieren organismos dóciles, lamenta Jorge del Cura. La CPT aboga por la existencia de cámaras en los centros de detención, como ocurre en algunas comisarías de los Mossos d’Esquadra donde se han revelado maltratos. Asimismo, pretenden que las imágenes de los abusos a detenidos sean públicas.
Probablemente, medidas como ésa garantizarían los derechos humanos de muchas personas y les invitaría a denunciar y a vencer el temor. Las denuncias que recibimos suelen ser de gente de bien, por decirlo de alguna manera, porque los delincuentes o los inmigrantes no se atreven a hacerlo por miedo o desconfianza, apunta Del Cura.
Así, la mayoría de los 118 perjudicados por los ochenta casos de maltratos y torturas denunciados en Alicante entre el 2001 y el 2006 son gente que se ha visto envuelta en un incidente de tráfico y luego ha tenido problemas con la Policía, jóvenes detenidos tras verse implicados en alguna pelea o, simplemente, después de hacer botellón.
De esas 118 víctimas, 71 denunciaron a policías locales, sobre todo a la de Alicante (30), Elche (17) y Torrevieja (ocho), mientras que 19 actuaron contra el Cuerpo Nacional de Policía, otras tantas contra los funcionarios de prisiones y nueve contra la Guardia Civil, cinco de ellas también en Torrevieja.
La CPT considera Alicante una zona conflictiva debido a la inmigración, entre otros factores. Diecinueve de los denunciantes de estos últimos seis años eran extranjeros, mientras que nueve pertenecían a movimientos sociales. Según su representante, de las provincias con tejidos asociativos más débiles es donde más denuncias se producen.
Y en esta situación los puntos calientes se encuentran, además de en la capital alicantina, en Elche y Torrevieja, las cárceles de Fontcalent y Villena, Elda, Benidorm y Altea. La falta de voluntad política que critica la Coordinadora para la Prevención de la Tortura contrasta con el aumento de casos en 2006 y previsiblemente en 2007.
Eso, varias décadas después de los oscuros tiempos de la Transición, advierte.
En lo que va del siglo XXI, la cifra de personas que han muerto mientras se encontraban bajo la custodia de las diferentes administraciones de Estado español ascienda a 463.
En lo que va del año 2007, el número de personas muertas bajo custodia de las que tenemos noticias (26 de abril de 2007) asciende a 20. Pero estos casos sólo son los que conocemos ¿Cuantas muertes bajo custodia se han producido? ¿Cuándo, quien y cómo podrá fin a esta situación?
13 de enero: F.J.V.O., de 41 años, aparece ahorcado en un calabozo de la Comisaría Blas Infante de Sevilla.
22 de enero: Y.B., de 42 año, murió cuando era detenido por Mossos d’Esquadra en Reus (Tarragona)
16 de marzo: A.L.N. murió por precipitación cuando se encontraba detenidos en los Juzgados de Marbella (Málaga)
31 de marzo: Un hombre de 44 años murió cuando se encontraba detenido en el cuartel de la Guardia Civil de Santa Cruz de la Palma
15 de abril: J.M.V.Q., de 26 años, apareció ahorcado en un calabozo de la comisaría del Cuerpo Nacional de Policía en Puerto de Santa María (Cádiz)
25 de abril: Hombre de 40 años, apareció ahorcado en los calabozos de la Audiencia Provincial de Málaga
7 de enero: Un preso aparece ahorcado en la prisión de Picassent (Valencia)
19 de enero: A.V., de 28 años, falleció en la cárcel de El Dueso (Cantabria)
19 de enero: S.C.R., fue encontrado ahorcado en la cárcel de Quatre Camins (Barcelona)
6 de febrero: M.S.L., murió en la cárcel de Picassent (Valencia)
10 de febrero: Un preso de 38 años, murió en la cárcel de Nanclares de la Oca (Álava)
18 de febrero: S.T., de 53 años, se suicidó tras serle denegado el indulto que había solicitado y recibir la orden de ingresar en prisión
26 de febrero: A.Z.L., de 28 años, murió en la cárcel de Puerto Santa María II (Cádiz)
6 de abril: A.J.B.M., de 35 años, murió en la prisión de Jaén
7 de abril: D.R.A., de 24 años, falleció en la prisión de El Acebuche (Almería)
10 de abril: J.C.V.P. de 23 años, murió en la prisión de Jaén
19 de abril: E.L.M., de 40 años, murió en la cárcel de Perogordo (Segovia)
22 de abril: A.G.R., de 39 años, murió en la Cárcel Modelo de Barcelona
30 de marzo: Un joven de 19 años murió en el Centro de Internamiento de Menores de Villena (Alicante)
25 de abril: J.B., de 18 años, muerto en el Centro de Internamiento de Menores La Montañeta (Gran Canaria)
Durante el año 2006, al menos 115 murieron cuando se encontraban bajo custodia por funcionarios de policía o de Instituciones Penitenciarias: http://www.nodo50.org/tortura/spip/article.php3?id_article=1377
El informe de la Coordinadora de Solidaridad con las Personas Presas titulado Muertes bajo custodia en el estado español, 2001-2004 recogía los casos de 262 personas que habían pedido la vida cuando se encontraban privadas de libertad durante los años 2001-2004:
http://www.coordinadoradebarrios.org/documentos/Muertes%20Bajo%20Custodia%202001-2004.pdf
El informe correspondiente al año 2005 de la Coordinadora para la Prevención de la Tortura, titulado La Tortura en el Estado español, recoge 66 casos de personas que fallecieron cuando se encontraban bajo custodia:
http://www.prevenciontortura.org/informe2005/Informe2005.pdf
El 14 de noviembre Amnistía Internacional presentó el informe Sal en la Herida. La impunidad efectiva de agentes de policía en casos de tortura y otros malos tratos. En la presentación, el presidente de Amnistía Internacional en España, Esteban Beltrán, explicó que los policías están por encima de la ley porque se les aplica la presunción de veracidad cuando sólo debía tenerse en cuenta el principio de imparcialidad.
Beltrán indicó que cuando una persona es maltratada por un policía se le intenta disuadir para que no denuncie y los demás niegan los hechos por corporativismo, la fiscalía se opone a abrir diligencias y los jueces archivan la mayoría de los casos sin haber pedido una investigación. Asimismo Beltrán alertó del riesgo de que las personas que denuncian a la policía sean contradenunciados por atentado a la autoridad o por calumnias y puedan ser finalmente condenados.
En su informe, Amnistía Internacional pone de relieve casos de personas que han recibido golpes, patadas, puñetazos e insultos de la policía, tanto en la calle como bajo custodia policial incluso estando esposadas. Algunas de estas personas aseguran que los agentes las amenazaron con una pistola o un cuchillo, las azotaron en las plantas de los pies y las amenazaron de muerte. En uno de los casos, los policías dijeron al detenido que si no cooperaba violarían a su novia.
La investigadora de Amnistía Internacional para España, Rachel Taylor, ha considerado que una de las causas más graves que propician estos actos es la falta de sistemas audiovisuales de grabación en todas las comisarías y en todas las zonas donde pueda estar presente el detenido.
Según Amnistía Internacional existe una estructura deficiente que afecta a todos los aspectos de la prevención, investigación y castigo de la tortura y los malos tratos. En este sentido, Amnistía Internacional considera que existe una falta de voluntad política por parte de los sucesivos gobiernos para prevenir, investigar y sancionar estos actos y en algunos casos se ha negado que existiera. Por ello, Amnistía Internacional señala que si el gobierno no toma medidas efectivas los agentes de policía estarán por encima de la ley y seguirá extendiéndose el clima de impunidad.
La organización pidió al gobierno que cree un organismo independiente que garantice la investigación inmediata, imparcial y exhaustiva de cualquier caso en el que exista una sospecha de que los policías han infligido malos tratos.
También exige que la fiscalía publique estadísticas con las denuncias por maltrato y que las víctimas tengan asistencia letrada gratuita desde que interponen la denuncia.