El Tribunal Supremo de España dio este viernes un nuevo impulso al procesamiento de Baltasar Garzón por atribuirse la investigación de los crímenes franquistas, al avalar una decisión judicial que da una segunda oportunidad a dos grupos de ultraderecha para enmendar y presentar sus acusaciones contra el magistrado.
El alto tribunal confirmó la decisión del magistrado Luciano Varela, que instruye esa querella contra Garzón, de permitir al sindicato Manos Limpias y el partido Falange Española (ambos de ideología ultraderechista) que subsanen los errores de sus escritos de acusación.
En sendos autos notificados este viernes, la sala de lo penal del Tribunal Supremo rechaza los recursos presentados por la defensa de Garzón contra las resoluciones dictadas en ese sentido los pasados 20 y 23 de abril por Varel.
En esos recursos se solicitaba que esas acusaciones fueran expulsadas de la causa -como finalmente sucedió con Falange- y la querella fuera archivada por falta de acusación.
La sala de lo penal, según uno de los autos, considera que el instructor no perdió su imparcialidad al pedir a las acusaciones que corrigieran los errores que había en sus escritos.
Además, sostiene que ni el hecho de que las acusaciones incluyeran en los escritos puntos sobrantes ni el que Varela pidiera su eliminación "acarrean ni pueden acarrear indefensión alguna" a Garzón.
También rechaza la sala la pretensión de Garzón de que se declarara la nulidad de los nuevos escritos de acusación que se presentaron con las correcciones pedidas.
Ya el pasado 7 de septiembre, el Tribunal Supremo había confirmado el procedimiento contra Garzón en torno a esta querella que permitirá juzgarle por un presunto delito de prevaricación, al ignorar la Ley de Amnistía promulgada en España en 1977.
Cinco meses antes, el magistrado Varela había notificado el auto judicial en el que acordaba juzgar a Garzón, quien logró fama internacional al procesar en 1998 al dictador chileno Augusto Pinochet.
El juicio podría celebrarse entre los próximos meses de noviembre y diciembre.
Los hechos por los que Garzón está encausado en esta querella concreta se remontan a 2008, cuando se declaró competente para juzgar las desapariciones en la Guerra Civil (1936-1939) y la posterior dictadura del general Francisco Franco (1939-1975), para lo que ordenó abrir algunas fosas donde se sospecha que puede haber enterradas personas desaparecidas.
